Comprando a los ricos
Por María Jimena Duzán
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Si el presidente Uribe y sus uribitos hubieran salido a defender la dignidad de los 20 millones de pobres que sobreviven en Colombia y de los cerca de tres millones y medio de desplazados que malviven por el país con el ahínco y la devoción con que han defendido a los finqueros ricos que han recibido subsidios por cerca de 174.000 millones de pesos, hasta yo me volvería uribista.
A esa conclusión llegué esta semana después de escuchar la batería de argumentos que desplegaron en todos los medios los clones de Uribe, el ex ministro y precandidato conservador Andrés Felipe Arias y el actual Ministro de Agricultura, sin duda dos dignos ejemplares -en este caso, probablemente el calificativo correcto sería el de sementales- de esa generación de jóvenes uribistas que han aprendido de su maestro a usufructuar el poder en beneficio propio sin ruborizarse y sin el menor asomo de vergüenza.Desde cuando la revista Cambio reveló que el programa Agro Ingreso Seguro, destinado a ayudar a los proyectos agrícolas de los campesinos, había terminado beneficiando a unas adineradas e influyentes familias, el ex ministro Arias se ha pavoneado por todos los medios con esa arrogancia que lo caracteriza, defendiendo a capa y espada el programa, sin entender muy bien a qué se debe tanto escándalo. Según el precandidato conservador, todos los beneficiados pasaron por un proceso de selección "totalmente transparente", en el que se cumplieron los requisitos técnicos estipulados por el programa. Mientras el presidente Uribe salía a darle un espaldarazo, Uribito aseguraba en las emisoras que el 85 por ciento de los subsidios que otorgaba el programa llegaba a los campesinos pobres. "No hay nada ilegal" fue una de sus frases más sonoras, junto con la que le dijo a María Elvira Samper en el sentido de que los subsidios no reembolsables generaban "empleo, puestos de trabajo y ocupación pacífica del territorio". Luego, su Ministro de agricultura -puesto por el mismo Uribito para que funja como capataz de su feudo- defendió el derecho de los ricos a obtener subsidios con el audaz argumento de que en esta era de la seguridad democrática, todos los ciudadanos tenían los mismos derechos ante la ley. Y que a los ricos no se les podía excluir de esta máxima democrática. "Son familias honorables, que no le deben nada a la justicia", le dijo a Darío Arizmendi en Caracol.
De lo dicho por Uribe y sus uribitos casi nada es verdad. Comenzando por la afirmación de que el programa Agro Ingreso Seguro destina el 85 por ciento de esos subsidios a campesinos pobres. En realidad, y según lo que han podido establecer investigadores de la Universidad de los Andes, ese 85 por ciento se queda con una parte mínima de esos dineros y en cambio el 15 por ciento restante -es decir, las familias terratenientes con influencia política y uribistas- termina absorbiendo la mayoría de esos recursos. La gran pregunta que hay que hacerle al gobierno no es sólo cuántos han sido los terratenientes beneficiados, sino cuántos son los campesinos que han dejado por fuera.
Tampoco es cierto que esta política de subsidios a los ricos genere empleo y bienestar en el campo. Un estudio hecho por la Universidad de los Andes asegura que este tipo de ayudas a los ricos sirve para enriquecer el patrimonio de los beneficiados, pero no para generar empleo. Eso sin tener en cuenta que la mayoría de estos subsidios ha ido a parar a cultivos permanentes, como la palma africana y el caucho, que no son los más proclives a la generación de empleo, al igual que sucede con la ganadería.
Un modelo que concentra la riqueza en unos pocos, que impulsa a la desigualdad y que no genera empleo no puede generar paz en el campo.
De todas estas mentiras sólo una es verdad: la de que todo este proceso tan desigual, en el que el campesino tiene las de perder, se hizo ajustado a la norma. Una norma que fue concebida para beneficiar a los ricos y que fue diseñada por el presidente Uribe y sus uribitos.
El hecho de que estas dádivas estén amparadas por la ley no significa que no estemos ante un manejo corrupto del poder, tremendamente antidemocrático. Un programa que permite que grupos privados usufructúen los dineros del Estado para beneficio propio no puede ser la base de nada bueno en un país donde hay ocho millones de colombianos en la pobreza extrema y donde hay miles de víctimas que no han sido reparadas.
Por último está el tema de que este es un gobierno que tiene al frente a un Presidente-candidato con un presupuesto nacional para repartir entre ricos y pobres -familias en acción cumple esa función-, con miras a su re-reelección. Un Presidente-candidato que tiene una chequera a su disposición y que maneja todos los hilos del poder desde El Ubérrimo, mientras la oposición desde el asfalto trata de hacer política sin reglas y en medio de persecuciones, de campañas de desprestigio, de señalamientos y de 'chuzadas' a sus teléfonos. En esas condiciones, ni Supermán le gana a Uribe.
Más claro no canta un gallo
Por: Alfredo Molano Bravo
HACE UNOS DÍAS ESCRIBÍ UNA CRÓNIca sobre el enfrentamiento de campesinos del sur de Bolívar con una de las empresas agropecuarias más poderosas de la costa, la Daabon (Dávila Abondano).
Estuve en la zona, conversé con parceleros, autoridades civiles, policías, abogados, curas y demás personas que tuvieran conocimiento del caso. Pedí a los Dávila su versión, pero nunca la obtuve. Se trataba —o, mejor, se trata— de un clásico litigio sobre tierras. El predio Las Pavas había sido propiedad de un señor Escobar Fernández —supuesto narcotraficante— que se esfumó. La hacienda fue ocupada por campesinos desplazados de sus fincas por el doble efecto complementario de la concentración de la propiedad y el paramilitarismo. El Incoder en 2006 inició el proceso de extinción de dominio para repartir la tierra entre los ocupantes. En 2007, Inversiones Tequendama e Inversiones San Isidro (Daabon) adquirieron el predio Las Pavas y un año después iniciaron una demanda para desalojar a los campesinos que trabajaban en ella y que esperaban que el Gobierno les cumpliera lo prometido. En honor a la verdad, el Incoder nunca notificó el proceso a la Oficina de Instrumentos Públicos. El desalojo se cumplió y las 120 familias fueron empujadas por la Policía y el Ejército a uno de los pocos lugares públicos que sobreviven a la invasión de la palma africana: una escuela rural. Como sucede con algunas de mis crónicas, pocos días después de publicada la de Las Pavas, llegó a la dirección de El Espectador una larga carta con sellos y firmas de todo tipo, que argüía que mi versión era, al menos, tendenciosa. El Grupo Daabon se define a sí mismo como una sociedad que propende por el bienestar campesino, caracterización que espoleó mi curiosidad. Pues bien, Daabon es un conglomerado empresarial que mueve unos 120 millones de dólares al año y exporta aceite de palma, banano, café, azúcar y cacao a Europa, EE.UU. y Japón, y anda detrás del mercado nacional de biodiésel. En Magdalena y La Guajira el grupo controla 18.000 hectáreas de oleaginosas y desarrolla en la isla Papayal, sur de Bolívar, un cultivo de 66.000 más. Van por todo: en febrero pasado, el presidente Uribe y el presidente de Daabon, Alberto Dávila Díaz-Granados, inauguraron en Santa Marta una planta de biocombustibles considerada la más grande de América Latina, capaz de procesar 100.000 toneladas de aceite de palma. Sobraría decir que Daabon tiene otras compañías además de las citadas. Hasta aquí, todo normal: un pulpo descomunal tragándose unas sardinas.
La revista Cambio revolcó el avispero: los Dávila han recibido como regalo del Gobierno —léase Agro Ingreso Seguro— 903 millones de pesos para obras de riego y drenaje; con esa plata se habría podido comprar toda la hacienda de Las Pavas. Todo legal, digamos. Al fin, es una familia experta en negocios. Y también en política: Inversiones Tequendama e Inversiones La Samaria aportaron 30 millones de pesos para el Comité Promotor de la Reelección Presidencial de Uribe, Colombia Primero. Uribito, y ahora su reemplazo, un señor Fernández —que también habla paisa—, se adelantaron a jurar que los beneficiados por el Gobierno no sólo eran gente bien, sino que no se les estaba pagando favor alguno. Con el mismo fundamento, el Gobierno diría que Daabon nada tuvo que ver con el derrame de aceite crudo de palma que contaminó la bahía de Taganga hace unos meses. Negaría también que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira haya multado a Daabon Organic con 125 millones de pesos por violar las normas ambientales. Y podría llegar a negar que la famosa compañía de cosméticos Body Shop es miembro del Código Básico de Comercio Ético y una ferviente defensora de los Derechos Humanos que colabora con Amnistía Internacional. Lo que no podrá negar ya es que Eduardo Dávila y José Domingo Dávila, aunque no sean socios de Daabon —como dice el doctor Barreneche, abogado de Daabon—, están acusados por la Fiscalía de tener nexos con los grupos paramilitares y están en la cárcel.
Este es el artículo de Cambio que tanta polémica ha generado:
"Operación Magdalena"
http://www.cambio.com.co/portadacambio/849/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6300208.html
CAMBIO revela cómo más de 25.000 millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro terminaron en manos de cuatro familias de Santa Marta.
Algarrobo, un pequeño municipio del Magdalena de 1.358 kilómetros cuadrados y 12.000 habitantes, ha estado en las primeras planas de las noticias en los últimos días y no por la elección de alcalde que se llevará a cabo el domingo 18, sino porque allí tienen grandes extensiones de tierra los Dávila Jimeno, una poderosa familia samaria que ha recibido más de 2.200 millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, el programa que está en el ojo del huracán porque solo en 2008 el 35 por ciento de los recursos adjudicados acabó en manos de unas pocas familias, entre ellas la Dávila Jimeno. Llegar a Algarrobo no es fácil. Con dificultad, y por 300.000 pesos, dos periodistas de CAMBIO lograron que un joven taxista, 'el viejo Richar', se le midiera a recorrer los 129 kilómetros de carretera que lo separan de Santa Marta, buena parte en mal estado.
Una vía polvorienta atraviesa extensos cultivos de palma africana, por la cual se llega a las dos fincas que los Dávila Jimeno tienen en los límites del pueblo: Campo Grande y La Faena, más de 1.500 hectáreas sembradas de palma. El objetivo era verificar si los recursos asignados para cinco proyectos de riego y drenaje -todos en Campo Grande- habían sido efectivamente invertidos y generado, como lo aseguró el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, más de 500 empleos. Algarrobo, que nació como municipio en 1999 y estuvo durante muchos años azotado por los grupos armados, es un pueblo pobre como la mayoría de los 30 municipios del departamento, de calles destapadas y sin servicio de agua potable, con un hospital y dos escuelas, que aún espera que se haga realidad la promesa que hace dos años les hizo el presidente Uribe de que pronto tendrían alcantarillado.
Su gente es cautelosa, teme hablar sobre la familia Dávila y sus propiedades porque cree que podría perder la única fuente de empleo que ha tenido en años en los cultivos de la palma. Y la Policía refuerza la vigilancia y los controles. Aun así, en medio de vallenatos que suenan a todo volumen, CAMBIO logró hablar con uno de los empleados que lleva 20 años trabajando en las tierras de los Dávila.
Con voz pausada, el hombre curtido por el sol cuenta que su patrón, Juan Dávila Jimeno, lleva años trabajando la tierra, que ha sido un empresario exitoso y ha contribuido a generar decenas de empleos en sus dos haciendas. Sin embargo, no sabe qué es el programa Agro Ingreso Seguro, pero dijo que el año pasado su patrón invirtió en tuberías para riego en las plantaciones. "Aquí hay una parte de la finca que tiene riego, pero falta la otra parte por hacer", aseguró.
No obstante, cuando los periodistas preguntaron por los proyectos de la esposa de Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto, y de sus hijos Juan Manuel y Ana María, que también recibieron subsidios no reembolsables del programa gubernamental, aseguró: "El único que ha generado trabajo es mi patrón, es el único que tiene fincas aquí y el único que viene, aunque de vez en cuando aparece su hijo 'don Juanchito'. Pero yo no he visto a las señoras que ustedes me mencionan, ni siquiera sabía que ellas tenían tierra aquí".
Y sobre la ex reina Valerie Domínguez, novia de Juan Manuel Dávila, y a quien le fueron aprobados 306 millones de pesos en subsidios para riego y drenaje, y a los que renunció tras el escándalo, el empleado de Dávila Jimeno dijo: "A ella sí la he visto pero en televisión. Aquí nunca se ha aparecido y que yo sepa tampoco tiene tierras".
Los Dávila Jimeno fueron los únicos beneficiarios de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro para riego y drenaje en esa zona, y una de las cuatro grandes familias en el departamento. Y llama la atención la forma en que accedieron a los recursos. CAMBIO pudo establecer que los proyectos presentados por la familia Dávila y sometidos a evaluación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, operador del convenio Agro Ingreso Seguro para "riego y drenaje" del Ministerio de Agricultura, son idénticos en su forma y todo parece indicar que ocultan un fraccionamiento de tierras para hacer posible que la misma familia pudiera beneficiarse de más recursos públicos para invertir en las mismas tierras en el mismo año.
Juan Manuel Dávila Jimeno, propietario de las fincas Campo Grande y La Faena, a finales de 2008 recibió 445 millones de pesos en subsidios no reembolsables a título personal y por medio de su empresa Agroindustrias JMD y Cía. otro por 442 millones. Pero también recibieron subsidios su esposa María Clara (440 millones) y sus hijos Juan Manuel (435 millones) y Ana María (448 millones), todos para invertir en las mismas tierras. ¿Cómo lo hicieron? El 27 de febrero de 2008, Dávila Jimeno firmó contratos de arrendamiento de la finca Campo Grande con cada uno de sus tres familiares: a su esposa le arrendó 105 hectáreas por 1,5 millones pesos mensuales; a Juan Manuel 98,5 hectáreas por un millón de pesos al mes, y a Ana María 106,5 hectáreas por un millón de pesos mensuales.
Y para redondear la faena, el 2 de marzo, mes y medio antes de que se cerrara la convocatoria para 'riego y drenaje' para 2009, Dávila Jimeno le arrendó a la novia de su hijo, la actriz Valerie Domínguez, 110 hectáreas de la finca La Faena por un millón de pesos mensuales. La dirección de contacto que la ex reina certificó ante el Ministerio es la misma de la sede empresarial de la familia Dávila en Santa Marta. Para el proyecto presentado por la ex reina -similar a todos los demás- fueron adjudicados 306 millones de pesos.
"Es indudable que se presentó parcelación de tierras -dice un consultor que conoce el programa-. Como cada proyecto solo podía recibir hasta 600 millones, dividieron la finca para obtener más recursos y esa jugada les sirvió para multiplicar los subsidios".
Tierra es pasión
No solo la familia Dávila Jimeno es una de las grandes beneficiadas con recursos públicos en Magdalena. También la familia de Alfredo Lacouture Dangond, padre de María Claudia Lacouture Pinedo, actual directora del programa Colombia es Pasión. La familia no solo recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro en cabeza de varios miembros sino por medio de sus empresas. Alfredo Lacouture Dangond recibió 474 millones de pesos en subsidios en 2007, y 457 en 2008; su esposa Isabel Mónica Pinedo, 399 millones en 2008; sus hijos Alberto Mario, 471 millones en 2007 y 366 en 2008, Victoria Eugenia, 353 millones en 2008, y Alfredo Luis 412 millones en 2008. Todos fueron adjudicados para proyectos de riego y drenaje en Pueblo Viejo, una población que, según el programa presidencial Acción Social, alberga a cerca de 3.000 desplazados por la violencia.
Los Lacouture también recibieron subsidios no reembolsables por medio de dos empresas de su propiedad: C.I. El Roble, 472 millones de pesos en 2007 y 416 en 2008, y C.I. Palomino S.A., 479 millones en 2008, de cuya junta directiva hace parte la directora de Colombia es Pasión. Por otra parte, la familia Lacouture tiene relaciones comerciales con empresas que también recibieron subsidios, como FMP y Cía., V.C. y Cía., y V.F. S.A., en las que, según dicen en círculos empresariales de Santa Marta, también tendrían intereses. "Muchas familias obtuvieron esos subsidios porque no había prohibiciones establecidas, pero hoy se ve que la política fue mal diseñada -dice Daniel Montoya, coordinador de Agro Ingreso Seguro en el IICA-. Nosotros lo que hicimos fue aplicarla".
Magdalena, con 2,3 millones de hectáreas, de las cuales 1,3 millones están dedicadas a la ganadería y 200.000 a la agricultura, aparece como el segundo departamento más beneficiado por los subsidios para proyectos de riego y drenaje en 2007 y 2008: cerca de 21.000 millones de pesos, de los cuales más del 80 por ciento terminaron en manos de cuatro familias.
Este año hay subsidios aprobados para 100 proyectos, y dentro de ellos figuran más de 1.571 millones para Magdalena, una cifra menor comparada con las de los dos años anteriores pero que tiene una explicación: los que recibieron subsidios en 2007 y 2008 no podían presentarse a la convocatoria para 2009. "No les dieron más porque se dieron cuenta de que la mayoría de los recursos estaban quedando en manos de unos pocos y eso era descarado", le dijo a CAMBIO una analista del programa.
Polo en Bogotá
Los Vives, de gran influencia política y social en Magdalena y algunos de cuyos miembros han ocupado cargos públicos o de elección popular, es otra de las familias que más subsidios recibió el año pasado del programa Agro Ingreso Seguro: más de 13.000 millones de pesos.
A título personal, Alfonso Vives Caballero recibió 437 millones de pesos; Alfonso González Vives, 400 millones; Andrés Felipe Vives Prieto, 409 millones, y José Francisco Vives Lacouture, 552 millones. Otros miembros de la familia los recibieron por medio de empresas: Proyectos Agrícolas Inmobiliarios G y V, 350 millones; Agropecuaria Mavil S.A., 429 millones; Agropecuaria Inmobiliaria Almaja S.A., 406 millones; Comercializadora de Banano y Palma, 419 millones; Inversiones Santa Inés, 788 millones, y Orlandesca S.A., 355 millones, entre otras. Todos fueron para proyectos de riego y drenaje en la zona bananera. Y también obtuvieron millonarios recursos para proyectos en Cesar (ver recuadro).
Personas cercanas a los Vives y empresarios del sector consultados por CAMBIO en Santa Marta, aseguran que la familia, que apoyó las campañas del presidente Álvaro Uribe, tiene una ficha clave en el Ministerio de Agricultura.
Se trata de Carlos Manuel Polo, un ingeniero civil especializado en Ciencias Agropecuarias que fue alcalde de Santa Marta en 1988 durante seis meses, y subgerente de Infraestructura del Incoder -adscrito al Ministerio de Agricultura- entre el 1º de septiembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2007. Hoy figura como contratista del Ministerio de Agricultura y desde cuando Andrés Felipe Arias puso en marcha Agro Ingreso Seguro en 2007, Polo sirve de enlace entre el Ministerio y el IICA, operador del programa de "riego y drenaje". La presencia de Polo en esa entidad -el IICA- es relevante porque la defensa del programa Agro Ingreso Seguro se basa en su supuesta independencia frente al Gobierno y en su capacidad técnica: el IICA interviene tanto en la definición de los proyectos que se apoyan, como en su seguimiento posterior.
Polo llegó al Ministerio por sus conexiones con Luis Eduardo Vives, vinculado al proceso de la 'parapolítica' y hoy en libertad condicional. En diálogo con CAMBIO, señaló: "No niego mi amistad con Luis Eduardo Vives; mi abuelo, mi padre y yo hemos sido amigos de esa casa". Y agregó que "esa relación no compromete los intereses del Ministerio y mucho menos los del IICA". Desconocido en los círculos políticos de Bogotá, en Santa Marta, de donde es oriundo, es conocido no solo por haber estado unos meses de alcalde, sino porque una sociedad familiar adelanta un proyecto inmobiliario en el barrio Bella Vista, uno de los más exclusivos de la ciudad: un edificio de 25 lujosos apartamentos, cuyo valor promedio es de 600 millones de pesos, y 50 parqueaderos. La súbita prosperidad económica de Polo no deja de sorprender a quienes hace solo seis años lo conocieron como un consultor que vivía de esporádicos contratos de asesoría agrícola. "Su suerte comenzó a cambiar cuando llegó al Incoder y luego pasó al Ministerio -le dijo a CAMBIO un empresario de Santa Marta-. Hoy, además de ser contratista del Estado, es un próspero constructor".
Según el certificado de Cámara de Comercio, Polo constituyó la empresa familiar con su esposa e hijos el 19 de octubre de 2007, con un capital de cinco millones de pesos. Dos años después, el edificio que está construyendo su sociedad familiar es cuestionado porque presuntamente se apropió de terrenos de la Nación que le dan al edificio acceso directo a la playa. Polo niega su participación en la sociedad: "Es de mi hijo que está asociado con una empresa de Medellín -dice-. Cuando pase el lío de Agro Ingreso Seguro les hablo del tema".
El edificio de los Polo está a pocos metros de la sede del grupo Daabon, de los Dávila Abondano, una de las cuatro familias samarias que más subsidios recibió de Agro Ingreso Seguro el año pasado: más de 2.200 millones que invirtió, sobre todo, en proyectos en La Guajira (ver siguiente artículo).
Arrecian críticas
El programa Agro Ingreso Seguro está hoy bajo la lupa y ha sido blanco de muchas críticas, incluso de personas cercanas al Gobierno que han dicho que hacen falta explicaciones por parte de los responsables para despejar dudas. Por ejemplo, el ex ministro Juan Manuel Santos dijo en una entrevista con Yamid Amat: "Me parece un proceder indebido de los subalternos del Presidente. Deben una explicación al país porque lo ocurrido no tiene presentación". En principio, resulta escandaloso que tantos recursos terminaran en manos de tan pocos y tan poderosos, cuando uno de los objetivos era "devolver equidad al campo". Incluso la Contraloría General de la República dijo en un informe sobre el tema en julio de 2009, que hubo desigualdad en la asignación de los recursos del programa y advirtió que había un alto riesgo de estimular la concentración.
Sin embargo, no se puede negar que muchos recursos se invirtieron en proyectos que han generado empleo, aunque no tanto como alegan el ex ministro Arias y el ministro Fernández, pues no son intensivos en mano de obra o solo generan empleo temporal.
Hecha esta salvedad, una cosa es cierta y en ellos coinciden varios analistas: la falta de equidad del programa que, como señaló el ex ministro Juan Camilo Restrepo en su columna de El Nuevo Siglo y El Colombiano, "terminó beneficiando principalmente a los empresarios más ricos del campo (...) Al gobierno del presidente Uribe le encanta regalar dineros públicos a los más ricos y cobrarles pesados impuestos a los más débiles".
Por su parte, el decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ex director del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, escribió en su columna en El Espectador, que en los "dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país". Y destaca que pese a que hay cuatro millones de desplazados y más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, "los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado, y con más de una 'oveja negra' en negocios ilegales".
Tanto el ex ministro Andrés Felipe Arias como el actual ministro Andrés Fernández insisten en la transparencia con la que han sido otorgados los subsidios de Agro Ingreso Seguro, pero a medida que salen a la luz nuevos detalles la situación lejos de aclararse se enturbia aún más.
No solo los requisitos del programa parecen imposibles de llenar por pequeños y medianos productores, sino que la presencia de subordinados del Ministerio en el IICA, como el señor Carlos Manuel Polo, ficha del ex congresista Luis Eduardo Vives, miembro de una de las familias que más subsidios ha recibido, tiende un manto de duda sobre la transparencia de las adjudicaciones.
Negocio familiar
La familia Vives que recibió subsidios de Ingreso Agro Seguro en Magdalena, también los obtuvo en Cesar por más de 5.000 millones de pesos, por medio de empresas que desarrollan proyectos en ese departamento:
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Un capítulo ya visto
Por Daniel Coronell
OPINIÓNMientras que los competidores tenían que poner de su bolsillo o apalancarse en el sistema financiero, los ganadores trabajaban con plata del estado
Sábado 10 Octubre 2009
No es la primera vez que el Presidente intenta capitalizar sus propios escándalos. Confiado en la credulidad sin límites de su fanaticada, Uribe espera sofocar con falsos enojos y frases pretendidamente enérgicas, las evidencias de un nuevo hecho de corrupción de su gobierno.
Ahora resulta que el reparto de millonarios regalos a financiadores de sus campañas de elección y reelección -e incluso a empresas a las que están vinculados funcionarios de su administración- fue un engaño que padecieron él y sus ministros de Agricultura; y no el resultado de una política deliberada para favorecer a sus poderosos amigos.
Tristemente para él -y como suele suceder en algunas telenovelas a las que su propio éxito condena a un alargue artificial-, los espectadores empiezan a conocer los trucos del libretista.
Hace un tiempo sucedió algo parecido.
El Grupo Nule, gigantesco contratista de construcción y experto en obras de infraestructura, ganó la codiciada concesión de la Autopista Bogotá-Fusa. La plata para financiar la obra vino de fondos públicos. La Dirección Nacional de Estupefacientes les prestó a los Nule, a una buena tasa de interés, cerca de 26.000 millones de pesos de dineros incautados a la mafia.
En esa ocasión -como en esta de Agro Ingreso Seguro- no había nada ilegal. Para impedir cualquier desvío, el dinero, aprobado en la administración de un señor Vives, fue manejado a través de una fiducia (casualmente Fiduagraria, dependiente del Ministerio de Agricultura). Estupefacientes recibiría un interés mejor que el de la inversión en títulos de la Nación. La deuda estaba garantizada por los desembolsos del propio Estado, a través del Inco, y por la solidez del grupo constructor.
Sólo había un detallito que hacía difícil la presentación de la operación: se supone que la Nación apela al sistema de concesiones viales para no usar sus propios recursos en la construcción de obras de infraestructura. Con la novedosa figura de los Nule, la propia Nación terminaba financiando a los particulares favorecidos por una concesión.
Mientras los competidores tenían que poner la plata de su bolsillo o apalancarse en el sistema financiero con sus tasas usuales, los ganadores trabajaban con la plata del Estado, que era a la vez otorgante y fiador del multimillonario negocio.
Pasaron semanas en la discusión sobre la conveniencia y la justicia de la figura, hasta que un buen día, en una entrevista de radio, el presidente Uribe le puso el punto final a la controversia.
Usando el encendido tono de la dignidad ofendida, el Jefe del Estado les exigió a los Nule la inmediata devolución de los dineros. Ordenó abrir investigación contra los funcionarios que aprobaron y firmaron el préstamo. Solicitó a los organismos de control que determinaran la existencia de un posible tráfico de influencias y remató diciendo que debería existir un responsable político de lo que él mismo calificó como una irregularidad.
La exaltada entrevista fue concedida a Caracol, el 16 de agosto de 2006. Han pasado más de tres años desde eso. Ningún funcionario fue investigado nunca por estos hechos. Nadie pagó la responsabilidad política por ellos.
En cuanto a los 26.000 millones, les cuento que -hace más de un año- le pregunté al amable empresario Guido Nule si su empresa los había devuelto tal como lo reclamaba el presidente Uribe. Él me informó que no y que jamás deshicieron el préstamo porque eso implicaría reconocer una ilegalidad que no existió. Me aclaró, eso sí, que pagaban puntualmente sus cuotas.
En unos meses -cuando este escándalo también se haya olvidado- sabremos si los Lacouture Dangond, los Lacouture Pinedo, los Vives Lacouture y los Dávila Abondano, entre otros, retornaron los millonarios regalos que -con plata de los colombianos- les entregó el gobierno del Presidente cuyas campañas ellos han financiado.
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