LOS EXTREMOS DE LA INJUSTICIA

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Opinión **| *14 Nov 2009 - 11:00 pm


Los extremos de la injusticia *Por: Iván Cepeda Castro*


*VISITÉ A CARMELO AGÁMEZ EN LA prisión de Corozal hace unos meses. Se
encontraba en un pequeño patio rodeado de los jefes paramilitares y de los
políticos corruptos que había denunciado ante los fiscales. *


Le pregunté cómo podía lidiar él —un caracterizado líder del Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado— con esa peligrosa convivencia. Me respondió:
“Con inteligencia”. Esa tarde vi la tristeza en su mirada cuando se despidió
de su nieto, quien lo visitaba junto al resto de su familia. Carmelo, el
líder de las víctimas de San Onofre, Sucre, cumple en estos días un año de
haber sido encarcelado. Luego de organizar a los campesinos y de encabezar
la revuelta para acabar con la parapolítica en esa región del país, se
desató en su contra una brutal persecución. Los constantes hostigamientos
llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas de
protección especial para garantizar su vida y la de otros 15 activistas del
Movimiento de Víctimas en Sucre. Entonces la venganza tomó la forma de un
montaje judicial. Sus enemigos lo acusaron de haber participado en la
alianza criminal que precisamente combatió toda su vida. A mediados de este
año se abrió una investigación penal contra el fiscal segundo especializado
de Sincelejo, Rodolfo Martínez, por la manera arbitraria en que estaba
conduciendo el caso de Carmelo. Se logró el traslado del expediente a
Bogotá. Pero de nada sirvió. Esta semana la fiscalía 28 especializada
perteneciente a la Unidad contra el Terrorismo lo llamó a juicio por
concierto para delinquir agravado.




Mientras tanto, en Córdoba sigue desarrollándose un plan para acabar con las
organizaciones de mujeres desplazadas. Primero asesinaron a Yolanda
Izquierdo, quien dirigió la recuperación de más de 800 hectáreas de la finca
Las Tangas. Luego de ese homicidio, el presidente Álvaro Uribe anunció en un
discurso, con tono firme, acciones para entregar la tierra arrebatada a los
desplazados y medidas para garantizar su protección. Ninguno de esos
anuncios se cumplió. Por el contrario, la situación de las víctimas ha
empeorado. La principal acusada de la muerte de Yolanda, Sor Teresa Gómez,
no ha sido aún capturada. Este año fue asesinada Ana Isabel Gómez,
integrante de la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la
Violencia en Córdoba, Comfavic. Su homicidio ocurrió una hora después de que
terminó en Montería un consejo de seguridad en el que estuvieron el
comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, y el director
de la Policía, general Óscar Naranjo. Hace pocos días, Mario Montes de Oca,
asesor jurídico de Comfavic, fue herido por sicarios en las calles de
Montería. Alberto Luis Pastrana Soto, mensajero de la misma entidad, murió
en el atentado.


A los líderes de las asociaciones de víctimas se les asesina o persigue
judicialmente. A los máximos responsables del aparato criminal que ha
usurpado la tierra y desplazado a los campesinos se les garantizan la
impunidad y otros beneficios. En zonas como Montes de María, Urabá y
Córdoba, las tierras robadas están siendo legalizadas mediante compras
masivas que realizan consorcios cercanos al Gobierno y a la familia
presidencial. No sólo legalizan el despojo por medio de redes de
testaferros. Han creado un aberrante sistema que premia a quienes se lucran
de la concentración violenta de la tierra con subsidios y créditos
flexibles. Son los extremos de la injusticia.